Alcalde y funcionarios de Pomabamba pagaran una caución de doscientos 200 Mil Soles.

Finalmente será la instancia superior del Poder Judicial quien resuelva finalmente el pedido de prisión preventiva formulada por la Fiscalia Corporativa Anticorrupción en vista de que la resolución dictada ayer por la jueza Sabina Chunga quien desestimó el pedido pero ordenó el pago de una caución de doscientos mil soles para cada uno de los acusados. La fiscal María Valverde Cueva fundamentó la solicitud de prisión preventiva arguyendo el peligro de fuga y la obstaculización al proceso en vista de que los actuales acusados tendrían dinero suficiente para ocultarse o fugarse del país luego de haber perpetrado una falsificación de planillas por más de doscientos cincuenta mil soles durante el primer semestre del año 2011. Los abogados del burgomaestre Juan Ponte Carranza, como de los funcionarios acusados Jaime Aristóteles Achic Tello, Aníbal Julián Romero, Miguel Ángel Torres Campomanes rebatieron a la fiscal expresando de que no habían causales contundentes que prevé el Código para dictar una prisión preventiva. Del mismo modo ocurrió también con el abogado de oficio de Norma Moreno Ruiz y Víctor Constantino Ayala, este último que se acogió a la confesión sincera y brindó los elementos básicos de denuncia al Ministerio Público. Ninguno de los acusados se presentó a la audiencia oral pese a haber sido notificados, sólo lo hicieron sus abogados. Pese a ello la jueza no calificó como agravante para acoger el pedido de la fiscal Valverde. Luego de un amplio debate la jueza Sabina Chunga dictó su resolución ordenando comparecencia y reglas de conducta pero el pago de una caución de doscientos mil soles para cada uno de los acusados. Escuchado el fallo todos los abogados presentes incluido la fiscal anunciaron que apelarán la medida. En el caso de la representante del Ministerio Público estima que había suficientes elementos para dictar prisión preventiva y en el caso de los abogados de los acusados cuestionan el elevado monto impuesto por la caución. Ante ello el coordinador provincial Anticorrupción Víctor Túllume Pisfil dijo que el caso será finalmente resuelto por la instancia superior del Poder Judicial toda vez que ninguna de las partes está de acuerdo con los extremos del fallo judicial, pero consideró que el monto impuesto sí estaba acertado. Fuente Ancash Noticias. Viernes, 06 de Septiembre de 2013 | 07:59:33